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Tarifas: el 'truco' legal que target y otros gigantes usan (y que enfurece a washington)

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha obligado a las empresas a buscar soluciones creativas para mitigar el impacto de las aranceles. Una de ellas, un viejo recurso aduanero conocido como la 'regla del primer precio', está volviendo a la primera plana, generando controversia en el Congreso y enfrentando a minoristas y fabricantes nacionales.

¿Qué es la regla del primer precio y por qué ahora?

La regla, establecida por una sentencia judicial en 1988 y reafirmada en 1992, permite a los importadores declarar para fines aduaneros el precio pagado en la primera venta de un producto dentro de una cadena de suministro compleja. En otras palabras, si un fabricante vende un artículo a un intermediario por $20 y este lo vende a un importador por $80, el importador puede pagar aranceles sobre los $20, no los $80. Esto reduce significativamente los costos para las empresas que operan con múltiples intermediarios, una práctica común en el comercio internacional.

Target, por ejemplo, ha revelado en sus informes financieros que utiliza esta metodología para ciertas importaciones directas, buscando reembolsos por las diferencias entre el precio pagado y los aranceles inicialmente declarados. Sectores como el de la moda y el calzado, tradicionalmente gravados con altos aranceles, han sido los principales beneficiados de esta regla.

La furia de los fabricantes estadounidenses: ¿ventaja injusta?

La furia de los fabricantes estadounidenses: ¿ventaja injusta?

Pero no todos ven con buenos ojos esta práctica. Un grupo de legisladores, liderados por los senadores Sheldon Whitehouse y Bill Cassidy, han presentado una propuesta de ley, la 'Last Sale Valuation Act', que busca eliminar la regla del primer precio, exigiendo que se declare el precio de la última venta antes de la exportación a Estados Unidos. Según sus defensores, esta medida nivelaría el campo de juego, protegiendo a los fabricantes estadounidenses de una competencia desleal.

Kim Glas, presidenta y CEO de la National Council of Textile Organizations (NCTO), argumenta que la regla del primer precio otorga una ventaja injusta a los minoristas e importadores a expensas de la producción nacional. “Virtualmente todos los demás países del mundo utilizan el método de la última venta”, señala Glas, insinuando que Estados Unidos está en una posición atípica.

Por su parte, la National Retail Federation (NRF) defiende la legalidad y utilidad de la regla del primer precio, señalando que promueve la transparencia en las cadenas de suministro. Jonathan Gold, vicepresidente de la NRF para Supply Chain and Customs Policy, explica que el uso de la regla requiere una documentación exhaustiva de los costos a lo largo de toda la cadena, lo que genera mayor visibilidad.

Además, Gold argumenta que la reintroducción de un sistema de reporte similar al utilizado en 2008 (donde los importadores debían marcar las transacciones con la letra 'F') permitiría a la Aduana identificar y perseguir a los actores fraudulentos de manera más efectiva. La propia Aduana estadounidense (CBP) está actualmente llevando a cabo una encuesta a importadores para recopilar datos sobre el uso de esta regla, un indicio de la creciente atención que está recibiendo el tema.

La propuesta de ley de Whitehouse y Cassidy, si se aprueba, podría tener un impacto significativo en la rentabilidad de los minoristas y la cadena de suministro global, marcando un giro en la forma en que se calculan los aranceles en Estados Unidos. La pelota está ahora en el tejado del Congreso, donde se espera un debate intenso y polarizado.