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Estafa millonaria con tarjetas snap: un ex-empleado de la ser en la mira

David Quinones, un hombre de Chicago, enfrenta una pena de más de cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de fraude electrónico a gran escala relacionado con el programa SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria). Un caso que expone, una vez más, la vulnerabilidad de un sistema diseñado para ayudar a los más necesitados, y que resulta un caldo de cultivo para la explotación.

El mecanismo de la estafa: ebt por efectivo

La investigación revela que Quinones inducía a los beneficiarios de SNAP a intercambiar sus tarjetas EBT (conocidas como Link cards) por efectivo y otros bienes de valor. Con estas tarjetas, adquiría productos en comercios que aceptaban EBT, revendiendo posteriormente los artículos a un precio superior y embolsándose la diferencia. Un esquema simple, pero devastador, que le permitió acumular más de 1.5 millones de dólares en beneficios fraudulentos entre 2018 y 2023, según CBS News.

Más allá del caso quinones: la pandemia de fraude en snap

Más allá del caso quinones: la pandemia de fraude en snap

El caso de Quinones no es una anomalía. El tráfico de tarjetas EBT es una práctica lamentablemente común, facilitada por la proliferación de mercados en línea y la facilidad con la que se pueden encontrar compradores dispuestos a aceptar estas tarjetas a cambio de efectivo. Si bien algunos argumentan que estos intercambios responden a la necesidad desesperada de los beneficiarios para cubrir sus gastos básicos, la realidad es que muchos de estos beneficios terminan financiando actividades ilegales, como la compra de drogas y armas.

Según datos del Cato Institute, el intercambio de tarjetas por efectivo se encuentra entre las diez formas más comunes de fraude en SNAP. Sin embargo, lo que resulta sorprendente es que, a pesar de la creciente preocupación y los informes de redes criminales que se aprovechan de esta situación, el porcentaje real de fraude en comparación con el número total de beneficiarios del programa sigue siendo relativamente bajo, estimándose en apenas un 1.5% según un análisis de 2012 a 2014.

El peligro de las tarjetas skimming y las consecuencias legales

La situación se complica aún más con la aparición de los dispositivos de skimming, que permiten a los estafadores copiar la información de las tarjetas EBT para realizar compras fraudulentas. A diferencia de las tarjetas de débito y crédito, las EBT carecían, hasta hace poco, de las medidas de seguridad estándar como el chip y PIN, lo que las convertía en un blanco fácil. Una mujer de California, por ejemplo, perdió más de 4.000 dólares debido a un skimmer, recibiendo a modo de compensación apenas 580 dólares, debido a las limitaciones impuestas por la ley federal.

Las consecuencias legales para quienes participan en el fraude de SNAP son severas. Una primera infracción puede acarrear una descalificación de un año del programa, mientras que reincidir puede resultar en una descalificación de dos años e incluso una prohibición permanente. Los casos de fraude a gran escala pueden enfrentar multas y penas de prisión, y hasta el tráfico de tan solo 500 dólares en beneficios puede desembocar en una sentencia.

Ante esta preocupante realidad, la única defensa efectiva es la prevención. Evitar ofertas de intercambio de tarjetas EBT por efectivo, tanto en persona como en línea, es el primer paso. Además, es fundamental estar atento a posibles dispositivos de skimming y verificar regularmente el estado de cuenta de la tarjeta EBT para detectar cualquier actividad sospechosa. La protección de los beneficios SNAP no solo depende de las autoridades, sino también de la responsabilidad y la vigilancia de cada beneficiario.

La historia del programa de asistencia alimentaria en Estados Unidos, desde los sellos de ración de la década de 1930 hasta la actual red de EBT, ha estado salpicada de episodios de fraude, aunque en general han sido esporádicos y en declive. El caso de David Quinones, sin embargo, es un recordatorio contundente de la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y la educación para proteger un programa vital para millones de familias.