El vapor se viste de 'hecho en américa': ¿una artimaña ante la batalla regulatoria?
El mercado estadounidense de vapeadores, tradicionalmente inundado por productos de origen chino, está experimentando un giro inesperado: una proliferación de marcas que alardean de su procedencia estadounidense. Pero, ¿es este auge una respuesta genuina a la presión regulatoria o una estrategia más astuta para evadir el creciente escrutinio de las autoridades?
La sombra del acero trump y un nuevo juego de etiquetas
La ofensiva del gobierno de Donald Trump contra las marcas chinas de vapeadores, junto con una fiscalización más rigurosa por parte de las autoridades estadounidenses, ha impulsado a algunos actores a buscar alternativas. Desde octubre pasado, al menos ocho nuevas marcas han surgido, adornando sus productos con etiquetas que gritan “Vape Americano”. La cifra, aunque aparentemente modesta, revela un cambio significativo en un mercado valorado en unos 12.000 millones de dólares, según estimaciones de British American Tobacco (BAT).
Analistas como Pallav Mittal, de Barclays, sugieren que estas marcas están apostando a que una simple etiqueta de “Hecho en américa” podría ser suficiente para evitar la atención de los agentes de aduanas. En otras palabras, un juego de apariencia, donde la forma prevalece sobre la sustancia. La FDA, por su parte, se ha abstenido de comentar sobre este cambio de tendencia, insistiendo en que la venta de vapeadores no autorizados es ilegal, independientemente de su origen.
Entre hong kong y shenzhen: la compleja realidad tras la etiqueta
Lo que nadie cuenta es que, tras la fachada patriótica, se esconden complejas estructuras empresariales. La marca Maxus Star, por ejemplo, presume de un diseño adornado con estrellas y rayas, pero su propiedad recae en Rivermountain (H.K.) Tech, una empresa con sede en Hong Kong que también posee marcas en China relacionadas con el fabricante de vapeadores Freemax. Similarmente, OneTank, otra marca que exhibe una bandera estadounidense, está controlada por un representante de Shenzhen Onevape Technology, una empresa china.
La cifra habla por sí sola: a pesar de la creciente retórica anti-China y las promesas de un mayor control fronterizo, los envíos de vapeadores chinos a Estados Unidos superaron los 4.000 millones de dólares en 2023. Un dato que pone en tela de juicio la efectividad de la estrategia de la administración Trump.
El dilema de bat y la creatividad regulatoria
Tadeu Marroco, CEO de BAT, no se anda con rodeos: considera que esta proliferación de marcas “Made in America” es un intento de “eludir” las regulaciones estatales y federales. BAT, que ha visto cómo su cuota de mercado se erosiona debido a la creciente popularidad de los vapeadores no autorizados, se enfrenta a un dilema: ¿cómo competir en un mercado donde la legalidad se diluye en un mar de etiquetas engañosas?
Pero hay un detalle que complica aún más el panorama: según un consultor de la industria que trabaja con empresas chinas, la presión del gobierno estadounidense ha generado una percepción entre los consumidores de que los productos fabricados en China son inherentemente negativos. Un sentimiento que las marcas están explotando a través de campañas de marketing que exaltan la procedencia estadounidense, aunque esta sea, en muchos casos, una mera ilusión.
Mientras tanto, algunas empresas están explorando la posibilidad de trasladar parte de su producción a Estados Unidos o de aumentar el uso de líquidos para vapear fabricados localmente, con el objetivo de reducir los costos de aranceles. Charlie's Holdings Inc, por ejemplo, abrió recientemente su primera fábrica en Estados Unidos para llenar sus vapeadores desechables con e-líquido, citando las interrupciones en la cadena de suministro y la preferencia del consumidor por productos “Hechos en América”.
En definitiva, la batalla por el mercado de vapeadores en Estados Unidos se ha convertido en un juego de gato y ratón, donde la creatividad regulatoria y la astucia empresarial se entrelazan para desafiar las normas establecidas. Y, a juzgar por los datos y las declaraciones de los expertos, la administración estadounidense tendrá que redoblar sus esfuerzos si quiere realmente frenar el flujo de productos no autorizados y proteger la salud de los consumidores.